La destitución del director de la Unidad de Investigación Sensitiva (SIU) de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), Daniel Fernández, genera controversia tras ser mencionado por el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset en una carta. La abogada y exministra de Justicia, Cecilia Pérez, hizo un análisis sobre los alcances de esta decisión y las implicaciones para la lucha contra el narcotráfico en el país.
El caso saltó a la luz después de que Marset, prófugo y considerado uno de los narcotraficantes más buscados de Sudamérica, acusara a Fernández de estar vinculado a actividades ilícitas, afirmando que «maneja el negocio» desde el interior del Estado. Estas declaraciones, publicadas en un medio uruguayo el pasado 3 de junio, llevaron a que Fernández fuera sometido a una prueba de polígrafo, la cual, según fuentes extraoficiales, no habría superado. La SENAD confirmó su destitución por «razones operacionales», aunque evitó revelar detalles específicos sobre los resultados de la evaluación.
Durante la entrevista, Pérez expresó su preocupación por la aparente influencia de Marset en las decisiones institucionales. «Siempre queda la sensación de que nos está haciendo la agenda el narco, desde afuera, y eso es lo que es preocupante», señaló. La abogada describió la situación como «peligrosa», destacando el contexto de «impotencia y vergüenza» que genera que un narcotraficante prófugo dicte el rumbo de las instituciones públicas a través de amenazas y acusaciones públicas.
Pérez también hizo referencia a la operación A Ultranza Py que desmanteló una red criminal vinculada al traslado de más de 16 toneladas de cocaína a Europa. Sin embargo, afirmó que «el impacto jurídico, político, investigativo y económico hasta ahora no se igualó», sugiriendo que las consecuencias de esta operación no han sido plenamente aprovechadas. Además, alertó sobre la infiltración de los tres poderes del Estado por la criminalidad organizada, advirtiendo que «claramente va a haber una consecuencia» si no se toman medidas drásticas.
La exministra también mencionó amenazas específicas de Marset contra el fiscal Deny Yoon Pak y una jueza, quienes podrían enfrentar destituciones según el narcotraficante.
«Termina diciendo que todo va a resolverse con plata. Nosotros no estamos en Suecia ni en Noruega, para hablar del alto nivel de honestidad de los funcionarios. Sabemos que la justicia es corrupta, torcida y está inficionada por el dinero sucio», afirmó Pérez, subrayando la gravedad de la situación.
