El juez de Delitos Económicos Humberto Otazú resolvió desestimar y archivar la investigación que involucraba al exdiputado Orlando Arévalo, a su esposa, la concejala de Lambaré Graciela Carolina González, y a la fiscala Sandra Ledesma. La denuncia incluía supuestos hechos de lavado de dinero, asociación criminal, tráfico de influencias, extorsión, soborno agravado y persecución de inocentes.

La decisión judicial se produjo a pedido del agente fiscal Francisco Cabrera, quien solicitó la desestimación de la denuncia presentada por la empresaria María José Bareiro, bajo patrocinio de los abogados Juan Martín Barba Recalde y Rodrigo Cuevas.

El origen del conflicto

La causa se había iniciado a partir de una denuncia presentada por Bareiro, representante de la empresa constructora Rehobot, firma que realizó trabajos de construcción y remodelación en la residencia de Arévalo y González, ubicada en Lambaré.

Según los antecedentes publicados sobre el caso, las obras comenzaron en 2022 y el conflicto surgió por una deuda que la constructora afirmaba que había quedado pendiente luego de los trabajos. Bareiro sostuvo que el presupuesto de las obras superaba los G. 1.300 millones y que parte de los trabajos no habría sido abonada.

La empresaria alegó que, luego de reclamar el pago, Arévalo y su esposa promovieron una denuncia penal en su contra por supuesta estafa y otros hechos relacionados con la ejecución de las obras. La causa estuvo inicialmente a cargo del fiscal Luis Muniagurria y posteriormente pasó a manos de la fiscala Sandra Ledesma.

Precisamente, Bareiro cuestionó la actuación de Ledesma y sostuvo en su denuncia que habría existido una presunta utilización del sistema penal para favorecer los intereses de Arévalo y González. Estas afirmaciones formaron parte de la acusación de la denunciante y no implicaban hechos judicialmente comprobados.

Habían pedido la imputación

En mayo de 2025, Bareiro había solicitado formalmente al fiscal Francisco Cabrera la imputación de Arévalo, González y Ledesma. Sus abogados sostenían entonces que los documentos reunidos durante la investigación eran suficientes para avanzar con un procesamiento.

La denuncia atribuía al matrimonio presuntos hechos de lavado de dinero, asociación criminal, tráfico de influencias, extorsión, soborno agravado y persecución de inocentes. También se había solicitado investigar a Gloria Arévalo González, hija del matrimonio, por supuesto lavado de dinero y asociación criminal.

Finalmente, el fiscal Cabrera optó por solicitar la desestimación de la denuncia, planteamiento que fue aceptado por el juez Humberto Otazú, con lo que esta investigación queda archivada.

Arévalo mantiene otra causa abierta

El archivo de esta denuncia no debe confundirse con el proceso penal conocido como el caso de los “chats de Lalo Gomes”, en el que Orlando Arévalo continúa procesado por supuesto cohecho pasivo agravado.

Esa investigación se originó a partir de conversaciones extraídas del teléfono del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes. Según la acusación fiscal, Arévalo habría solicitado que Gomes respaldara un crédito mediante tres cheques que totalizaban G. 202 millones, mientras se habría conversado sobre gestiones relacionadas con una fiscala sometida al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

De hecho, el 18 de agosto de 2026, un Tribunal de Apelación rechazó un planteamiento de Arévalo y confirmó resoluciones dictadas por el propio juez Otazú dentro de ese expediente, por lo que dicha causa continúa su trámite de manera independiente.