La adquisición de lujosos sillones para los senadores generó críticas, incluso en el ámbito público. Aunque algunas autoridades, como el Ministro de Educación Luis Ramírez, justifican el gasto, señalando las limitaciones presupuestarias para abordar necesidades críticas del país.
Luis Ramírez, Ministro de Educación, destacó la importancia de examinar las condiciones laborales de los empleados del sector público, señalando que no siempre cuentan con un entorno, modelo o silla óptimos para cumplir con jornadas laborales de 8 a 9 horas.
Aunque reconoce las deficiencias en su institución, el Ministro de Educación no considera un error la adquisición de sillones para el Congreso Nacional, cada uno valuado en casi G. 6 millones. Este monto podría equivaler a 32 pupitres, en un momento en que 400 escuelas aún carecen de instalaciones sanitarias adecuadas.
“Yo creo que tenemos que optimizar, pero tampoco satanizar algo que es una necesidad”, expreso cuando le consultaron sobre la costosa compra del Senado.
El Ministro de Educación afirmó que es importante no «mezclar las cosas».
El destacado médico forense del Ministerio Público, Pablo Lemir, criticó fuertemente las adquisiciones, compartiendo su experiencia personal como funcionario. Durante sus 22 años de servicio, tuvo que usar su propia computadora portátil hasta que le proporcionaron un equipo, y también compró sus propias sillas.
La compra se llevó a cabo innecesariamente, ya que las sillas actuales de los legisladores están en buen estado. El senador Eduardo Nakayama propuso subastar las sillas antiguas para generar fondos y compensar parte del gasto superfluo.
Cada sillón tiene un costo de G. 5.700.000, además de las computadoras de alta gama que valen G. 15.370.000 cada una. En conjunto, el gasto asciende a casi G. 3.000 millones.
