Una ciudadana paraguaya es señalada como la cabecilla de una red criminal de explotación sexual desmantelada por la Policía Nacional de España en la ciudad de Valladolid. La organización, conformada por un clan familiar, mantenía cautivas a mujeres de distintas nacionalidades —incluidas varias paraguayas—, a quienes forzaban a prostituirse en condiciones de extrema vulnerabilidad.
De acuerdo con las autoridades españolas, trece mujeres fueron liberadas y ocho personas detenidas en el marco de una investigación que se extendió durante un año. Las víctimas eran sometidas mediante amenazas, videovigilancia y ritos de santería que les infundían miedo y dependencia psicológica.
La principal captadora de la red es una mujer de origen paraguayo, quien incluso habría entregado a mujeres de su propia familia para ser explotadas sexualmente. Su hija mayor se encargaba de administrar las ganancias y coordinar las operaciones delictivas del clan.
Las víctimas, procedentes de Paraguay, Perú, Argentina y España, eran reclutadas tanto en sus países de origen como ya dentro del territorio español. Muchas llegaban engañadas, con la promesa de mejores oportunidades, pero eran retenidas en pisos donde eran obligadas a ejercer la prostitución para saldar deudas impuestas por el mismo grupo criminal.
Una de las víctimas —también paraguaya— logró escapar y denunciar los hechos, lo que permitió a las autoridades iniciar la operación. En su testimonio, relató cómo fue convencida para trabajar en uno de los locales del clan, aprovechándose de su situación migratoria irregular y su necesidad de enviar dinero a su familia en Paraguay.
Durante su cautiverio, las mujeres eran vigiladas constantemente, y sus salidas eran restringidas y autorizadas únicamente para comprar alimentos. Vivían hacinadas, con hasta ocho mujeres compartiendo dos habitaciones diminutas, mientras eran sometidas a rituales de santería que incluían altares en los domicilios donde eran explotadas. A la hija mayor de la matriarca la llamaban “Santa Muerte”, nombre con el que la tenían guardada en sus teléfonos celulares.
Además del delito de trata de personas, a los detenidos también se les investiga por posible tráfico de drogas, ya que en los mismos locales donde se ejercía la prostitución se comercializaban sustancias ilícitas.
Las autoridades españolas destacaron su compromiso con la protección de las víctimas, ofreciendo asistencia, empleo y regularización migratoria para facilitar su integración. Mientras tanto, los ocho detenidos permanecen en libertad con cargos, a la espera del inicio del proceso judicial.
