La Corte Suprema de Justicia aprobó la ampliación del uso de las tobilleras electrónicas a nivel nacional, para todo tipo de hechos punibles y en cualquier etapa del proceso. La solicitud fue realizada por la Policía Nacional, teniendo en cuenta que ya se contaría con la capacidad necesaria para extender la cobertura.
Inicialmente, la acordada que establecía el sistema de aplicación de estos dispositivos electrónicos solo permitía su uso en Asunción y el departamento Central, para casos de violencia familiar y causas relacionadas con delitos económicos.
Antes de solicitar la aprobación de la ampliación, la ministra Carolina Llanes presentó un informe sobre el uso de este dispositivo de control, desde la promulgación de la primera ley relacionada con el tema, en el año 2019, hasta las acordadas de este año que permitieron su entrada en vigencia.
Señaló que, hasta la fecha, solo se han realizado 10 pedidos para su utilización, y que el 60 % fueron denegados por razones materiales, como la falta de acceso a Internet, energía eléctrica y otras cuestiones técnicas.
La implementación de estos dispositivos responde a la necesidad de optimizar el control de las medidas alternativas a la prisión preventiva, así como otras disposiciones jurisdiccionales.
