El 19 de abril de 2025, el oficial de policía José Gabriel Jiménez, de la Comisaría 24 de Asunción, conocido en redes sociales por grabaciones de procedimientos, comunicó telefónicamente la aprehensión de un menor de edad por un supuesto hecho de robo, ocurrido el día anterior.
En un informe, el Ministerio Público informó que el procedimiento realizado por el agente policial de aprehensión no se realizó en flagrancia, ni el citado agente contaba con una orden judicial escrita, por lo que la representante del Ministerio Público ordenó la inmediata liberación del menor.
Según la publicación de Fiscalía, la fiscal también manifestó que, tras dicha intervención, recibió múltiples mensajes de audio del citado agente policial, cuestionando su decisión e incluso realizando comparaciones con otros fiscales. Además, señaló que no es la primera vez que se presentan situaciones similares con el mismo oficial, quien, según lo reportado, realiza procedimientos sin denuncias formales, ni respaldo técnico o legal, e inclusive actúa fuera del marco de sus competencias al verificar vehículos como si fuera perito.
En ese sentido, la agente fiscal indicó que su unidad recibió además el ingreso de causas relacionadas a cuatro motocicletas incautadas por el mismo agente en procedimientos realizados durante la madrugada, sin que exista denuncia previa en la base de datos sobre presuntos robos o hurtos que guarden relación con dichas motocicletas. De las cuatro motocicletas, solo una presentaba vestigios de posible adulteración, por lo que la agente fiscal solicitó las pericias técnicas correspondientes, cuyos resultados arrojaron un dictamen negativo en 3 de los 4 casos, lo que confirma la falta de fundamento para tales procedimientos.
Otro hecho señalado por la fiscal es la grabación y difusión pública de las comunicaciones mantenidas vía WhatsApp, las cuales habrían sido publicadas en redes sociales sin su consentimiento. Que guardan relación exclusiva con cuestiones de procedimientos en el ámbito laboral entre la agente fiscal y oficial policial. La fiscal advirtió que se reserva el derecho de iniciar acciones legales si esta práctica se repite.
