El abogado Juan Martín Barba presentó una denuncia en la sede central de la Fiscalía contra el diputado Orlando Arévalo y su esposa, Graciela González Pérez, por los delitos de persecución de inocentes, asociación criminal, lavado de dinero y otros delitos.
Según el escrito, el legislador habría contratado los servicios de la empresa Rehobot Construcciones para realizar refacciones en su vivienda de Lambaré por un valor de G. 2.400 millones.
Barba señaló que una vez entregada la obra, Arévalo y su esposa realizaron una denuncia ante la Fiscalía por actividades peligrosas en la construcción, supuestamente, para evitar pagar un saldo de G. 400 millones que adeudaba el parlamentario.
Los representantes de la empresa fueron imputados por parte de la fiscala Sandra Ledesma y contaban con pedido de prisión que no fue concedida por el juzgado.
En una entrevista concedida a NPY, el abogado Barba reveló que los pagos por la refacción de la vivienda se realizaron en efectivo y que el diputado y su esposa traían el dinero en maletines.
En uno de los pagos, desembolsó la suma de G. 245 millones. “No quería que se haga factura para no dejar rastros”, refirió el abogado.
El representante legal asegura que la empresa cumplió con los tiempos establecidos en el contrato y esperaba cobrar los G. 400 millones que faltaban abonar por parte del legislador, pero éste, supuestamente, se negó a pagar y denunció penalmente a la firma.
“En la denuncia se habla de fallas técnicas, mala calidad de los materiales y otros aspectos que faltan a la verdad a juzgar por la ostentación que hace el diputado de su vivienda en las redes sociales”, agregó.
Tras la apertura de la causa, Arévalo recusó a cinco fiscales de Lambaré que no encontraron elementos para imputar a los empresarios y el caso llegó hasta la fiscala Sandra Ledesma, de Luque, que cuenta con antecedentes de haberse prestado, supuestamente, a un sistema de aprietes que fue largamente utilizado por el clan González Daher.
