Luego de años de cuestionamientos por la calidad del servicio, desde el Viceministerio de Transporte vuelven a anunciar medidas contra las empresas del transporte público, con la aplicación de sanciones económicas a partir del próximo 18 de mayo.
El nuevo esquema contempla multas que van de 10 a 173 jornales mínimos, según la gravedad de las faltas, e incluso la apertura de sumarios administrativos en casos de reincidencia. La medida se enmarca en la Resolución 120/2025 y se basa en un sistema de control mediante monitoreo en tiempo real.
A través del cruce de datos de GPS y billetaje electrónico, cada unidad será evaluada en función a su circulación efectiva y cumplimiento de frecuencias, generando indicadores de desempeño para las operadoras.
Sin embargo, desde el sector empresarial cuestionan la efectividad del sistema y advierten que factores como el costo del combustible, la congestión vehicular y la reducción de la flota impactan directamente en el cumplimiento de los parámetros exigidos.
El anuncio vuelve a instalar expectativas en los usuarios, en un contexto donde las quejas por el servicio persisten y las mejoras concretas aún no se reflejan en la experiencia diaria de los pasajeros.
