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    Los postulantes admitidos y rechazados para la Superintendencia de Jubilaciones

    El Consejo de Seguridad Social publicó las listas de los postulantes rechazados y los admitió para el concurso de méritos para el cargo de Superintendente de Jubilaciones. Los que siguen en carrera son solamente seis.

    Doce postulaciones a la Superintendencia de Jubilaciones fueron rechazadas por el Consejo de Seguridad Social por el incumplimiento de diferentes requisitos.

     

     

    Entre los motivos del rechazo aparecen: la falta de tiempo requerido en experiencia laboral en materia financiera, seguros, jubilaciones o fondos previsionales, la carencia de un título universitario de grado, la ausencia de registro del MEC en el título, la falta de firma en el formulario.

    Además, la no presentación de un certificado de trabajo que acredite su experiencia laboral, la consignación de carreras que no se enmarcan dentro de las disciplinas exigidas, la ausencia de un título de grado en las disciplinas señaladas, la carencia de un antecedente judicial, entre otros ítems. La carencia predominante es la falta de experiencia laboral suficiente.

     

    A partir de ahora, los rechazados tendrán un plazo de dos días hábiles, contados desde el día siguiente de la publicación, para presentar tachas y reclamos exclusivamente vinculados a su postulación y a la verificación documental a través del correo secretariaejecutivacss@mef.gov.py.

     

    En cuanto a los admitidos, la escueta lista se limita a seis y la integran personas con números de cédula desde un millón doscientos hasta tres millones seiscientos, cifras con las que se puede inferir la edad de los participantes, cuyos nombres no figuran en el listado. La nómina completa puede encontrarse en este enlace, al final de la página a la cual conduce.

     

    Las funciones del superintendente serán la dirección, regulación, supervisión y control prudencial del Sistema Nacional de Jubilaciones y Pensiones, garantizando la adecuada administración de los recursos previsionales bajo los criterios de seguridad, liquidez y rentabilidad para proteger los derechos de los afiliados y beneficiarios y asegurar la sostenibilidad del sistema.

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