El proyecto de ley que busca reformar el sistema de transporte público continúa en análisis en la Cámara de Diputados. En ese marco, el titular del Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam), César Ruiz Díaz, se reunió con el presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre, para revisar el texto y solicitar que el debate siga abierto a todos los sectores involucrados.
“El motivo de la visita obedece a que el proyecto de ley se encuentra en este estadio. Queremos seguir dialogando para que los artículos sean viables y se compatibilicen las opiniones. Este nivel de diálogo no lo tuvimos nunca con el Viceministerio de Transporte”, expresó Ruiz Díaz en entrevista con GEN y la 970 AM.
El empresario aclaró que el gremio no plantea objeciones de fondo al proyecto, sino ajustes técnicos. “No tenemos cuestionamientos, sino consideraciones de redacción que hagan viable la norma. No queremos una ley inaplicable”, enfatizó.
Uno de los principales reclamos es la ausencia de previsión presupuestaria. “El Presupuesto General de la Nación no prevé ningún incremento para el transporte público. Con el mismo dinero de hoy, es imposible mejorar el sistema en un 100%. Sería una ley inaplicable”, advirtió.
Ruiz Díaz recordó que el sistema moviliza unos 100 millones de dólares al año, de los cuales la mitad es pagada por los usuarios y la otra mitad corresponde al subsidio estatal. “Ese mismo monto figura para el 2026, por lo tanto, vamos a tener más de lo mismo. No puede haber reforma si no existen los recursos”, afirmó.
Además, cuestionó la denominación de “subsidio”, señalando que se trata de una parte del costo real del servicio. “Es un lenguaje grosero, porque ese dinero pertenece al transportista, pero queda en las arcas del Gobierno. No es un premio ni una ganancia”, sostuvo.
El titular de Cetrapam también señaló que los empresarios operan bajo reglas impuestas por el Ejecutivo. “Te fija el precio del pasaje, las rutas, la antigüedad de los buses, cuándo y cuánto te paga el subsidio. Si las reglas están mal, no es culpa del empresario”, puntualizó.
Consultado sobre el financiamiento de la reforma, explicó que los fideicomisos son solo herramientas financieras y que el desafío real es conformar el patrimonio que los respalde. “Si el dinero del sistema no es suficiente, aunque esté dentro del fideicomiso, no se podrán honrar los compromisos”, advirtió.
Finalmente, Ruiz Díaz criticó la falta de capacidad técnica del Viceministerio de Transporte y cuestionó la demora prevista en el fortalecimiento institucional. “El Gobierno quiere mejorar el sistema para 500.000 usuarios diarios, pero no tiene el equipo necesario. Según el proyecto, seis meses después de aprobar la ley recién se reforzarán los recursos humanos. ¿Cómo vamos a jugar el partido si no tenemos equipo?”, ironizó.
No obstante, destacó la apertura del Congreso en el tratamiento del proyecto. “La Cámara de Diputados ha dado la seriedad necesaria, conjugando intereses y buscando volver aplicable una ley que baja del Ejecutivo. Este es el espacio de diálogo que el sector necesitaba”, concluyó.
