Un Tribunal de Apelación confirmó las condenas de una funcionaria de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de San Lorenzo y de una agente policial, por supuestamente solicitar dinero a cambio de facilitar documentos necesarios para obtener el registro de conducir.
Se trata de Mabel Corvalán Achucarro, funcionaria municipal, condenada a 2 años de prisión con suspensión, y Nilsa Evelin Morel Giménez, agente policial, sentenciada a 1 año y 8 meses de cárcel, también con suspensión, por lo que ninguna de las dos irá a prisión.
Durante el juicio oral se estableció que ambas participaron en un esquema de expedición irregular de registros de conducir, mediante la entrega anómala de certificados de vida y residencia, documentos obligatorios para la tramitación del registro. Según la denuncia del intendente de San Lorenzo, cobraban entre G. 25.000 y G. 30.000 por cada certificado.
