Un grupo de diputados presentó un proyecto de declaración que insta al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), a establecer pabellones psiquiátricos infantojuveniles en hospitales públicos de referencia y a implementar y fortalecer una Red Nacional de Contención Psicosocial. La iniciativa se enmarca en los principios constitucionales, el Código de la Niñez y la Adolescencia, la Ley de Salud Mental y otras normativas nacionales e internacionales.
La propuesta fue presentada por los diputados colorados Santiago Benítez, José Domingo Adorno, Benjamín Cantero, María Ida Cattebeke y Saúl González, junto al independiente Jatar Fernández y el liberal Juan Manuel Acevedo.
Los legisladores destacan la necesidad de contar con pabellones diferenciados que garanticen atención especializada y oportuna, con un enfoque centrado en los derechos humanos. Asimismo, plantean fortalecer la Red Nacional de Contención Psicosocial, tomando como base el Proyecto Interinstitucional “Joajú”, que promueve la coordinación entre instituciones del Estado para brindar asistencia, prevención y acompañamiento en salud mental desde un enfoque comunitario.
El proyecto advierte que los trastornos mentales en niños, niñas y adolescentes —como depresión, ansiedad, trastornos de conducta, consumo problemático de sustancias y conductas suicidas— muestran un crecimiento sostenido, constituyendo una “alerta epidemiológica” que requiere intervención urgente del Estado. A ello se suman los efectos del abuso sexual, considerado un problema de salud pública con profundas repercusiones emocionales, sociales y físicas en las víctimas.
Según el documento, la mayoría de los hospitales públicos carece de pabellones específicos para la atención psiquiátrica infantojuvenil, obligando a derivar a los pacientes a sus hogares sin atención especializada o a pabellones generales para adultos, una práctica que contraviene estándares de derechos humanos y la legislación vigente.
El texto propone que el MSPBS articule acciones con el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, la Defensoría del Pueblo y otros organismos competentes, asegurando un abordaje integral. El proyecto fue remitido a la Comisión de Peticiones, Poderes, Reglamento y Redacción para su análisis.
