El contralor general de la República, Camilo Benítez, afirmó que el pedido de intervención a las municipalidades de Asunción y Ciudad del Este se sustenta en elementos que configuran “graves irregularidades” en la ejecución del presupuesto, por lo que, a su criterio, “no hay otra salida” más que activar esa herramienta constitucional.
Benítez argumentó que en Ciudad del Este se detectó una falta de respaldo documental por más de 41 mil millones de guaraníes. Además, señaló un uso excesivo del rubro 800, que permite transferencias directas a comisiones sin necesidad de licitación pública. “Más del 70% de los fondos se ejecutaron por esta vía excepcional. Vimos casos donde los cheques eran entregados a comisiones, endosados a empresas y recién después se formalizaban las adjudicaciones”, explicó.
Sobre Asunción, el contralor recordó que ya en 2020 la institución había advertido sobre el uso indebido de bonos para gastos corrientes, lo cual violaría la Ley Orgánica Municipal. “No solo no se corrigió, sino que se profundizó el endeudamiento. Tampoco se remitieron los documentos respaldatorios cuando intentamos auditar los 500 mil millones del G8 y G9”, indicó.
Benítez afirmó que la falta de acceso a documentación clave fue motivo de pedidos de intervención también en administraciones pasadas. “Esta vez los elementos son claros”, sostuvo.
