La Entidad Binacional Yacyretá (EBY), que administra la represa hidroeléctrica compartida entre Paraguay y Argentina, ha dado un paso significativo hacia la gestión eficiente de sus recursos energéticos con la firma de un nuevo acuerdo operativo. El doctor en energía e investigador Victorio Oxilia, explicó los detalles de este pacto, que busca equilibrar la comercialización de la energía generada por Yacyretá y garantizar su sostenibilidad a largo plazo, en un contexto de creciente demanda y desafíos energéticos en la región.
El acuerdo operativo, que no requiere aprobación del Congreso ya que no se trata de una nota reversal ni de un tratado internacional, establece un compromiso de pago equitativo entre ambos países por la energía suministrada por Yacyretá.
Según Oxilia, ambas partes acordaron un precio de 28 dólares por megavatio/hora durante el 2025, con revisiones anuales y un seguimiento trimestral para ajustar los términos según las necesidades. «Es un acuerdo sobre comercialización de la energía que genera Yacyretá», afirmó el experto, subrayando que no se trata de una tarifa fija, sino de un compromiso de pago que beneficia a ambas naciones.
El pacto también incluye una división estratégica: Paraguay se compromete a retirar el 50% de su energía disponible y ceder el resto a Argentina, utilizando Yacyretá de manera complementaria a la represa de Itaipú. «Podemos alcanzar el 100% de nuestra energía en las horas que necesitemos», destacó Oxilia, enfatizando la flexibilidad del acuerdo, que incluye una cláusula de salida para situaciones de emergencia, permitiendo a cualquiera de los países acceder a más potencia si fuera necesario.
Oxilia subrayó la importancia de este acuerdo para enfrentar la crisis energética que se avecina. «No estamos invirtiendo lo suficiente en generación. Yacyretá es una central que debemos cuidar y potenciar», advirtió. El experto también destacó que los fondos adicionales generados por este compromiso de pago deben destinarse exclusivamente a obras de infraestructura, como el mantenimiento de las unidades generadoras, la rehabilitación de la central y la finalización del proyecto Aña Cuá, que podría añadir 450 megavatios de potencia adicional al sistema.
El acuerdo no solo busca estabilidad a corto plazo, sino también sentar las bases para un futuro energético sostenible. Según Oxilia, si se completan proyectos como Aña Cuá, se avanza en licitaciones solares y se instalan nuevas unidades generadoras en Yacyretá, Paraguay podría satisfacer su demanda de potencia hasta el 2030 sin mayores problemas. Sin embargo, advirtió que, de no tomarse medidas, el país podría enfrentar cortes de energía en menos de cinco años, especialmente en horas pico de consumo.
Otro aspecto relevante abordado por el investigador fue el impacto de actividades como las criptomineras, que consumen grandes cantidades de energía. Aunque la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) tiene mecanismos para desconectar a las criptomineras legales en momentos de alta demanda, Oxilia señaló que las operaciones ilegales generan pérdidas estimadas en 200 millones de dólares anuales, de los cuales se podrían recuperar hasta 70 millones con medidas más estrictas contra el hurto de energía.
El acuerdo operativo de Yacyretá ha sido recibido como una medida «conveniente y necesaria» por expertos como Oxilia, quien destacó que, aunque Paraguay cede parte de su energía, también gana estabilidad y recursos para invertir en infraestructura crítica. Además, subrayó que no será necesario incrementar las tarifas eléctricas para los usuarios si ANDE optimiza su gestión y combate el hurto de energía.
