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    Reducir la jornada laboral sin combatir la informalidad sería “letra muerta”, advierte experto

    A criterio de Eduardo Pérez Avid, lo planteado por el senador José Oviedo abre las puertas a nuevas visiones dentro del fuero laboral. No obstante, advirtió que sin atacar la informalidad y la precarización, la medida podría resultar simbólica y de difícil aplicación.

    “Es interesante la iniciativa del senador Oviedo. Si bien pretende modificar radicalmente las condiciones laborales, tenemos una enorme dificultad en el mercado: la informalidad”, señaló Pérez Avid.

    Según el abogado, el principal obstáculo es la falta de cumplimiento de las normas laborales ya existentes.

    “Tenemos una realidad donde la situación es muy grave, en el sentido de no cumplimiento de las normas que ya tenemos”, afirmó.

    Uno de los datos más alarmantes mencionados por Pérez Avid es el de los accidentes laborales. Según registros anuales, más de 1.200 personas mueren cada año en Paraguay por causas vinculadas a su trabajo.

    “Si no afianzamos el mercado laboral dentro de la formalidad, con seguridad social y políticas de prevención, incorporar este tipo de debates generaría una contraposición muy fuerte por parte de quienes están cómodos con esta situación”, advirtió.

    El presidente de la Asociaciónd e abogados laboralistas también destacó que el mundo del trabajo ha vivido una “revolución” en cuanto a los sistemas de producción de bienes y servicios, pero cuestionó que en Paraguay muchas de estas transformaciones no se han traducido en mejoras para los trabajadores.

    Además, remarcó la sobrecarga que sufren quienes trabajan al aire libre debido al clima extremo, así como los tiempos excesivos de traslado desde y hacia los lugares de trabajo.

    Finalmente, advirtió que sin una legislación fiscalizable y sin control estatal real, la reducción de jornada podría terminar siendo letra muerta:

    “Vamos a seguir teniendo empleadores que van a acatar estas 40 horas, y una gran mayoría que van a seguir explotando a la gente trabajadora. Tenemos que buscar normas aplicables y que el Estado pueda fiscalizar su cumplimiento”, concluyó.

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