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    El cálculo de la jubilación es el eje más polémico de la reforma del IPS

    Vanessa Cubas, gerente de Prestaciones Económicas del IPS, explicó que el nuevo cálculo para el haber jubilatorio se basará en los últimos 120 meses de salario. Este cambio, considerado uno de los más polémicos de la reforma en debate en la Cámara de Diputados, implica dividir los salarios en dos bloques: los últimos 36 meses, calculados sin ajuste por inflación, y los 84 meses restantes, actualizados según la inflación anual.

    Por su parte, Pedro Halley, presidente de la Unión Nacional de Jubilados, cuestionó la medida, argumentando que el Índice de Precios al Consumidor (IPC), usado para la actualización, no refleja fielmente el aumento del costo de vida, ya que está diseñado para mostrar una inflación controlada y atractiva a nivel internacional.

    Vanessa Cubas explicó que la reforma del IPS propone cambiar el cálculo jubilatorio para incluir los últimos diez años de salarios, buscando reflejar mejor los aportes del trabajador y evitar desajustes financieros causados por incrementos salariales irregulares en los años previos a la jubilación. Según Cubas, el actual sistema considera solo los últimos tres años de salario, lo que representa apenas el 12% del total de aportes de un trabajador en su vida laboral.

    La nueva metodología también pretende desincentivar prácticas como elevar significativamente los aportes poco antes de jubilarse, lo que genera un déficit financiado por los aportes de otros. «Este cambio no afecta a quienes aportan de forma honesta, sino a quienes buscan aprovecharse del sistema», afirmó.

    Por su parte, Pedro Halley, presidente de la Unión Nacional de Jubilados, planteó preocupaciones sobre la irretroactividad de la ley y sugirió que los cambios deberían aplicarse solo a nuevos trabajadores. Además, consideró que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) es insuficiente como único método de ajuste y propuso incluir otros parámetros económicos.

    Halley reconoció avances en la reforma, pero destacó la necesidad de abordar cambios estructurales, como la gobernanza y la descentralización de la gestión médica, para garantizar la sostenibilidad del sistema.

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