El Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley para reformar el sistema de transporte público, liderado por la Ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión, con el objetivo de abordar la ineficiencia de los operadores actuales. Entre los puntos principales, se propone crear consorcios para reducir la cantidad de empresas operadoras, rediseñar tramos con carriles exclusivos y preferencia semafórica, introducir hasta 1.000 buses eléctricos de forma gradual, fortalecer los servicios troncales y emplear GPS para controlar la frecuencia de las unidades. Además, se busca mejorar la coordinación entre municipios, integrar viajes y optimizar el sistema de pago de pasajes.
Otro aspecto destacado del proyecto es el fortalecimiento del Viceministerio de Transporte como regulador, manteniendo el servicio en manos del sector privado, aunque con la posibilidad de que el Estado lo preste en circunstancias excepcionales. Se declara al transporte público como un servicio “imprescindible”, estableciendo sanciones graves por interrupciones. Para financiar la reforma, se creará un Fideicomiso gestionado por la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), con fondos provenientes del Billetaje Electrónico, subvenciones estatales, multas y otros aportes, priorizando subsidios para operadores con unidades funcionales.
El proyecto también contempla contratos con el Estado, licitados por hasta 15 años sin renovación automática, para la provisión de flotas en alquiler, operación de rutas, infraestructura como estacionamientos y servicios complementarios como inspección técnica vehicular. Estos puntos buscan modernizar el transporte público
